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El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de su Unidad de Derechos de Autor promueve el respeto y la protección de los derechos de autor y los derechos conexos, y su observancia en todos aquellos aspectos de relevancia cultural, e impulsar su difusión. Este Ministerio tiene además funciones relativas a la gestión colectiva de derechos, tales como otorgar la autorización para el funcionamiento de las entidades de gestión colectiva y revocar, en su caso, dicha autorización y mantener actualizado un Registro Público de Mediadores y Árbitros de Propiedad Intelectual, que es un índice de los mediadores y árbitros que concilian y dirimen las controversias sobre montos de tarifas entre asociaciones que representan a usuarios de derechos de autor o conexos y entidades de gestión colectiva.

Adicionalmente el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, a través de su Departamento de Derechos Intelectuales (DDI), tiene a su cargo el Registro de Propiedad Intelectual en que se realizan las inscripciones relativas al derecho de autor.

Por último el Ministerio Público, con la ayuda de las policías, y los Tribunales de Justicia tienen la tarea de perseguir, investigar y conocer, según corresponda, las infracciones tanto civiles como penales relativas a materias de derechos de autor, según lo establezca la ley.

Internacionalmente, el órgano que vela por la propiedad intelectual es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI).